La Administración electrónica y la Factura electrónica del Sector público

Persiguiendo el concepto de administración electrónica analizo en este post el grado de aplicación de las obligaciones establecidas en el ley 39/2015 y ley 40/2015 (la supuesta administración electrónica estándar) respecto de las especificaciones contenidas en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Simplemente como recordatorio, mencionar que el objetivo de mi reflexión es determinar si realmente existe una legislación que pueda englobar y designarse como de «administración electrónica» o si por el contrario, ese concepto no es más que una categorización urgente y simplificada que no puede circunscribirse -actualmente- a las leyes 39 y 40.

Por contextualizar la ley 25/2013 de factura electrónica, puede afirmarse que surge en un concreto momento de crisis social y económica, en la que se trata de controlar unas prácticas administrativas que distorsionaban la imagen fiel del estado financiero de las Administraciones Públicas y de las entidades dependientes. Las famosas facturas en los cajones que aparecían sorpresivamente o hibernaban -según la oportunidad política- en el Sector Público eran parte de un problema mayor, en el que el control financiero debía realizarse de una forma más eficiente con la ayuda de técnicas electrónicas. La Ley 25/2013 se conjura con la tecnología esperando así controlar todas las facturas mediante un flujo de información que debe ser chequeado en diferentes hitos. Tenemos, por tanto, un claro ejemplo de una posible administración electrónica en el que deberían cumplirse, con carácter básico todo lo descrito en la Ley 39 y en la Ley 40.

Esta primera conclusión, queda medio torpedeada en la propia Ley dado que la normativa se queda a mitad de camino entre los dos mundos:

En primer lugar, obliga a pasar dichas facturas por los registros del artículo 38 de la Ley 30/1992 (artículo 3), siendo un espaldarazo a una visión integradora y global de la normativa de administración electrónica, pero curiosamente en esas fechas ya existía la Ley 11/2007, que regulaba los registros electrónicos, pudiendo haber hecho una remisión a la regulación electrónica en lo que se consideraba de «administración electrónica». Por el contrario se queda circunscrita al mundo físico y a un artículo muy concreto. En la actualidad, la referencia al artículo 38 de la Ley 30/1992 debe entenderse realizada al artículo 16 de la Ley 39/2015, creadora del REG, (DF4º de la Ley 39/2015) pero deja un regusto de aislamiento respecto al resto de obligaciones, sin una referencia clara al deber de cumplimiento de los demás requisitos electrónicos.

En segundo lugar, porque dicha remisión al registro de cada administración no se produce desde un acceso a una sede electrónica, dado que se crean los Puntos generales de entrada de facturas electrónicas (artículo 6 Ley 25/2013), que no se derivan directamente de una sede electrónica ni parece que deban cumplir sus obligaciones, quedando a caballo entre una web institucional y una sede electrónica. El PGE se define en Anexo III de la Orden HAP/1074/2014 como «aquel que cumpla con las especificaciones establecidas al respecto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, y su normativa de desarrollo«. Como puede comprobarse es una definición circular que no indica nada sobre otra normativa que no sea la especial.

En tercer lugar, porque en dicha normativa no se hace referencia a los requisitos tecnológicos a emplear (ENI, ENS, Sede, sistemas de identificación,…), más allá de la utilización de la firma electrónica en su versión factura electrónica Facturae, versión 3.2 o superior (Disposición Adicional Segunda de la Ley 25/2013). Como hemos comentado innumerables veces, la firma electrónica es un exponente, un elemento de la administración electrónica, pero no conforma toda la administración electrónica.

En definitiva, la Ley 25/2013 es una ley que regula la remisión de facturas electrónicas al Sector Público utilizando herramientas tecnológicas, incluso apoyándose en elementos que se regulan de forma autónoma en la Ley 39/2015 como es el REG, pero su inmersión a la administración electrónica lo realiza de una forma independiente, respondiendo a sus necesidades y de una forma propia, añadiendo una especialidad más a las normas que forman parte de la supuesta administración electrónica.

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