Simplificación Administrativa en la AGE.

Hace una semana se publicó en el BOE la Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se toma conocimiento del
Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la Administración General del Estado, con la pretensión de impulsar lo que su propio título anunciaba.

La resolución se desarrolla en un Manual, descargable en la siguiente dirección electrónica:  http://www.seap.minhap.gob.es , con la pretensión de “hacer más sencillos, más fáciles y menos complicados” los procedimientos administrativos, en un documento que propone realizar dicho análisis y explicarlo en 108 páginas.

En el futuro habrá que realizar un seguimiento del mismo para comprobar si realmente se ha producido la simplificación o cambios de procedimiento. Los juristas estamos acostumbrados a que nos cambien los procedimientos en aras a una mejor eficacia y eficiencia, provocando períodos de incertidumbre en los que habitualmente el más favorecido no suele ser el ciudadano. Demos un período de gracia a estos trabajos, manteniendonos alerta para la siguiente tanda normativa que modifique lo que creíamos asentado.

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Cl@ve: La confirmación de una Fractura

La realidad está formada por múltiples planos que los diversos profesionales tratamos de comprender y vaticinar, no siendo la tecnología ajena a dicha afirmación. Históricamente, las relaciones de los ciudadanos con la administración de este país, no se han caracterizado por ser especialmente formalistas respecto a la identificación de los interesados, convirtiendo los registros administrativos en grandes Gargantuas que, sin grandes filtros admitían todo documento que les presentase cualquier ciudadano.  Por ello, tampoco se realizaba una gran labor de identificación de las personas físicas o jurídicas que entregaban la documentación, dejando su acreditación y su aportación para los actos del trámite posteriores, si realmente era necesario y exigible en el procedimiento.

Llegado el mundo electrónico y digital, parecía inevitable que su despliegue dependería de una correcta identificación de las personas intervinientes, tanto  por el ciudadano como por la administración actuante, suponiendo los futurólogos que cuan más robusto fuese el sistema de identificación de las partes mayor sería la confianza transmitida y mayor penetración tendría en la sociedad. Los juristas, como buenos cumplidores, redactamos normas según lo que los anteriores idearon, cargando las tintas en los sistemas de identificación y autenticación más robustos, siendo los tecnólogos los entusiastas que desarrollaron todo el sistema. La realidad es que nos fallaron -o no se preguntó -a los sociólogos, dado que igual ellos nos hubiesen puesto los pies en el suelo, respecto a las necesidades y aptitudes que tiene un ciudadano medio en el mundo tecnológico. La realidad parece indicar que el ciudadano  no  utiliza más los sistemas más seguros ya que tampoco le son los más atractivos, buscando un equilibrio entre seguridad y simplicidad.

Cl@ve es la confirmación, a nivel macro o estatal, de una realidad. No se puede idear, legislar, desarrollar e implantar todo un sistema, el que sea, a espaldas de los ciudadanos.  La realidad tiene muchos planos, y es necesario contar con los diversos puntos de vista para llegar comprender el comportamiento humano. Cl@ve  o la Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, nos indica que el usuario medio, ocasional o permanente, no utiliza ni quiere utilizar sistemas más seguros, fiables y robustos, sino que se siente cómodo con un simple usuario/contraseña.

La realidad es siempre poliédrica. Lo más conveniente  es consultar con todos los profesionales, incluso en la tecnología.

Real Decreto 806/2014, en la AGE

El impacto que la tecnología provoca en las administraciones va más allá de su utilización, ya que de forma cíclica re-descubren el Grial, impactando y re-orientando sus modelos organizativos, con el fin de conseguir un cumplimiento más racional y sencillo de los principios administrativos recogidos en la Const. y en el art. 3 de la LRJAPyPAC.

Este Real Decreto, de aplicación únicamente en la A.G.E. y sus Organismos Públicos, vuelve a utilizar ésta idea, tratando de conseguir tres objetivos, según su Exposición de Motivos:

Primero, orientar  y establecer líneas estratégicas en las TIC , de forma común para toda la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. (Es curioso como el modelo de Administración Electrónica del RD 1671/2009  y RD 589/2005, aplicable a la AGE, establecía un modelo descentralizado y abierto, y ahora se trata de crear un sistema más dirigido).
Segundo, potenciar las TIC para innovar y mejorar la calidad de los servicios e  incrementar la productividad de los empleados públicos. (Estas frases siempre deben ser utilizadas con cuidado, dado que su afirmación pudiera cuestionar la productividad  actual de los mismos empleados)
Tercero, racionalizar el uso de los recursos informáticos, mediante el uso de herramientas comunes y servicios compartidos. (Café para todos en tecnología?)

Supongo que el efecto práctico más inmediato de este cambio normativo impactará en algún tipo de modificación en la web administración electrónica, teniendo que actualizarnos, al menos,  los que somos lectores de este tipo de información.

Administración Electrónica

Desde hace unos años somos espectadores del incremento normativo, así como de la mutabilidad de las normas ya aprobadas, asumiéndolo como parte del funcionamiento legal del sistema. Sin pretender quejarme -esta vez- de dicha técnica, nos obliga a mantener nuestra atención y revisión en cualquier norma, por inocua a nuestros objetivos que nos parezca.

Esta atención se repite en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que con su inocente título nada debería deparar en cuanto al mundo tecnológico, pero tate ahí, que  recoge en su artículo 24. la modificación del artículos 13.2.b y la supresión del artículo 15.2 de Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, creando una lista obligatoria de prestadores de servicios de certificación para todas las administraciones públicas que utilicen certificados electrónicos reconocidos.

Cabe indicar que como ciudadano siempre es más cómoda la simplicidad y el conocimiento universal de prestadores, pero no se escapa al lector que no todas las administraciones tienen la capacidad técnica-económica de utilizar todos los certificados, lo cual pudiera forzar a sumarse al carro de plataformas ya existentes, con el fin de ahorrar costes, dejar la administración electrónica o en su caso, cumplir la parte que interesa.

Por otro lado, siempre quedará utilizar de forma extensiva algo que debería ser restrictivo, como son las claves concertadas en registro previo, dado que sobre el mismo nada ha indicado la modificación. (Art. 16 LAECSP)

En fin, avanzamos y simplificamos, pero por favor, un poco más de publicidad.

 

Drones: Legislación aplicable

Estamos acostumbrados a maravillarnos con los avances tecnológicos sin prestar especial atención a la regulación jurídica de los nuevos hechos que se producen. Per fas et nefas nos encontramos en un país en el que las normas tienen un carácter expansivo, surgiendo protecciones que el legislador no ha sido capaz ,si quiera, de vislumbrar.

En el ámbito de los Drones está ocurriendo un fenómeno similar. Nos llega un nuevo término “Dron” que no tendría porqué sustituir al de aparato volador guiado por radio control, pero como contrapartida positiva, en una sola palabra define un objeto  asociándolo a una actividad productiva, o al menos, no lúdica.

Si pensamos en el mundo de los Drones, como supuesto de hecho, lo encontraremos afectado por diversas normas y categorías jurídicas, que a modo de aproximación pudieran resumirse en:

  1. Adquisición del Dron: Contrato de Compraventa. Deberá determinarse si le afecta el Código Civil, Comercio, Consumidores y Usuarios, LSSI-CE (si la adquisición se produce por medios electrónicos) o por normativa internacional si se adquiere en el extranjero.
  2. Mantenimiento: seguramente si el Dron tiene un coste elevado nos preocupará poder disponer de un servicio de reparación y mantenimiento. Si el proveedor se encuentra en España deberá tenerse en cuenta las características de un contrato de prestación de servicios o de obra, en su caso. Deberá preocuparnos, igualmente, las aplicaciones que controlan el aparato, dado que su software deberá ser objeto de mantenimiento.
  3. Seguro: Dependiendo del sector y de su finalidad deberá contratarse una póliza de seguro, regulándose por la legislación del Contrato de Seguro. A nadie se le escapa que un objeto volador incrementará las posibilidades de producir daños o lesiones a las personas o bienes.
  4. Comunicación: El Dron se pilota desde tierra y por tanto, existirá un canal de comunicación directo o indirecto. Si se utiliza el espacio radioeléctrico, deberá concretarse el modo en el que se utiliza y las autorizaciones necesarias.
  5. El espacio Aéreo: El dominio público es un concepto jurídico decimonónico, pero que tiene una gran fuerza expansiva por la sencillez y amplitud de sus conceptos.  La utilización del Espacio Aéreo requerirá del cumplimiento de una serie de permisos y autorizaciones (desde la licencia de piloto a los fines de la utilización) que cercenará usos excesivamente imaginativos de los Drones, garantizando a los ciudadanos una cierta tranquilidad a costa de limitar la innovación e imaginación de dicha industria.

De cualquiera de las maneras, a nadie se le escapa que es difícil imaginar un futuro en el que los Drones vuelen a su antojo  por miles, zumbando como mosquitos, cruzándose, colapsando o chocando, realizando mil labores útiles y cotidianas, y que no se encuentren regulados en nuestro expansivo sistema jurídico. Procuremos no perder de vista este nuevo fenómeno, que a las primeras de cambio se solicitará “más regulación” ya que, históricamente,  el producir más legislación sido la solución a todos nuestros problemas. Adaptando a Napoleón: “90.000 normas nos contemplan“…

 

Cookies I

Leyendo y comentando con mi compañero Gontzal Gallo sobre la regulación de las cookies, concluimos que la confusa redacción del artículo 22.2 de la LSSI nos generaba más dudas terminológicas que soluciones reales, teniendo que buscar las soluciones interpretativas a través de la doctrina emanada por la AEPD o por el GP Art 29.  Esta última es la solución sencilla, y la que mejor se adapta a las necesidades del letrado, pero como juristas nos dejó simple y llanamente desorientados.

El objeto de debate radica en la  mención especial a la información y consentimiento que hace el artículo indicado, en la utilización “de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios”, en materia de protección de datos. El silogismo que nos guía es el siguiente: Si una norma indica que se solicite el consentimiento informado conforme a los criterios de la LOPD será porque subjetivamente y objetivamente se encuentra dentro de la LOPD, es decir, habrá sujetos actuando dentro de los supuestos contemplados como Responsables de ficheros y tratarán datos personales. El ámbito subjetivo de aplicación de la LOPD puede ser asumible, salvo en los supuestos exceptuados, pero nos genera un interrogante el ámbito objetivo: ¿Toda cookie contiene, al menos, 1 dato de carácter personal identificado o identificable? ¿Cuál es?

Si de la búsqueda anterior se concluye que no hay ningún dato personal no tendría sentido solicitar el consentimiento informado de la LOPD, o sería una remisión normativa sin criterio, dado que lo mismo pudiera haber solicitado el consentimiento general recogido en el Cc, en los artículos 1261 y sg o la información en materia de prestamos con garantía real.

De cualquiera de las maneras, la búsqueda deberá definir la naturaleza jurídica del dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales, determinando si es equivalente al término cookie, y si dentro de los mismos siempre existe, al menos uno, un dato de carácter personal.