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2 gazapos (al menos) en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia

Supongo que será un tema recurrente en las redes, pero es curioso detectar como la Ley 10/2021 contiene dos gazapos en el ámbito de la normativa de la administración electrónica que son dignos de mención. Antes de seguir leyendo y descubrirlos puedes acudir a la fuente, la Ley 10/2021 , tratar de encontrarlos por tus propios medios e incluso detectar otros que se me hayan escapado, considerando que estos los he descubierto en una primera lectura veloz y sin pausa.

Los encontrados son:

A) Disposición final quinta. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

La ley 59/2003 lleva unos cuantos meses derogada. Como referencia, en el BOE de la norma referenciada consta que dejó de estar en vigor el 13 de noviembre de 2020, por la disposición derogatoria a) de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre.

B) Disposición final novena. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda redactada como sigue:

«Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021.

Nos vuelven a indicar que la ley 39/2015 ha entrado en vigor con efectos retroactivos!! En realidad el texto incluido se introdujo en la disposición final 9 del Real Decreto-ley 28/2020.

Es de suponer que estos errores serán corregidos en breve, dado que no hay argumento que sustente dichas aportaciones más allá del típico “error informático“, cuando en realidad se quiere decir error humano, pero la informática es el saco que lo aguanta todo en una responsabilidad difusa.

Es decir, todo parece indicar que tenían este texto en un cajón desde hace un año, lo han rescatado y nadie se ha molestado en realizar una revisión pertinente con el debido cariño. Por el lado positivo hay que indicar que se ha conseguido disponer de una nueva sección en el BOE dedicada a los pasatiempos. !Para que luego digan que leer el Boletín no es divertido!

El Real Decreto-ley 36/2020, la Agenda Digital 2025, el sector público y la Administración Electrónica

Terminó el año 2020 con el interesante Real Decreto-Ley 36/2020 que, sin entrar en el debate del uso y abuso de este tipo de instrumento jurídico para regular cuestiones que requieren de una mayor reflexión, se plantea como uno de los elementos que nos permitirá cumplir los objetivos de la agenda España Digital 2025, desde la perspectiva de la distribución de los fondos europeos. Esta vinculación me ha generado la curiosidad de comprobar si dentro del mismo Real Decreto Ley se han contemplado modificaciones o desarrollos normativos que nos aclaren y faciliten el despliegue de diferentes aspectos de la Administración electrónica que nos impiden avanzar hacia una tramitación telemática más armónica. Esta reflexión viene avalada por los últimos cambios sustanciales que nos trajo otro Real Decreto Ley , el 14/2019, y que no fueron especialmente libertadores en cuanto a las obligaciones impuestas.

Si se revisa la Agenda Digital en su apartado del sector público a partir de su página 36, se contemplan una serie de objetivos dentro del capítulo Transformación Digital del Sector Público que son ciertamente loables, y que muchos de nosotros aplaudiríamos siempre que la regulación nos permitiese, con solvencia y seguridad, embarcarnos en dicha dirección. Leo muchas voces tendentes al cambio, incluso interpretaciones forzadas basadas en la situación pandémica sustentadas en el artículo 3 del Código Civil, en el que se permitiría a las Administraciones Públicas realizar todo tipo de actuaciones sin cumplir las obligaciones de identificación, autenticación, sede electrónica, notificación electrónica, seguridad,… establecidas en la normativa, en virtud de una adaptación interpretativa a las actuales circunstancias. Ese criterio forzado no deja de sorprenderme cuando las normas están modificándose constantemente no existiendo una fosilización normativa que obligue a aplicar el artículo 3 del código civil, adaptando el contenido textual de los vigentes artículos de la Administración electrónica al sentir actual, considerando que el artículo reinterpretado ¡tiene 1 año de vida! La admisión de esa aplicación forzada del carácter interpretativo de las normas es sumamente peligroso por eliminar la seguridad jurídica además de relegar el papel del legislativo al de un mero espectador, en el que su voluntad queda relegada a un segundo plano, cuando la realidad nos indica que es un actor potente y relevante del impulso y actividad social.

Expuesta la anterior crítica -que el cuerpo me pedía- pueden analizarse los objetivos de la Agenda Digital 2025, compendiándolo al comienzo del Capítulo referido: “Tecnologías como la Inteligencia Artificial, el blockchain, o la explotación de la información a través del big data, nos dirigen hacia una Administración Pública “data-driven”, en la que la personalización de los servicios o conceptos de relación con la ciudadanía como Ciudadano 360º son clave“. Nos encontramos con un texto que en sus objetivos suscribo, pero que desde la perspectiva jurídica me es muy difícil dar soporte o cabida, al menos, en su generalidad. En el Sector Público la inteligencia Artificial supone un alto riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos, al menos, así lo reconoce el informe de recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, debiendo ser muy cautelosos con su aplicación, delimitando muy bien dónde se encuentran sus límites. Respecto al blockchain, tal y como indicaba más arriba, la disposición adicional sexta de la Ley 39/2015 prohíbe ese tipo de tecnología para los sistemas de identificación y firma, que unido a la obligación de territorialidad del artículo 46.bis de la Ley 40/2015, hace que su uso se encuentre bastante limitado. Respecto a la utilización de los datos en formato big data, data driven y el ofrecimiento de un ciudadano 360º, sigo ofreciendo mi total apoyo a su consecución, dado que en mi opinión la ciudadanía lo agradecería, pero aquí el principal escollo se encuentra en la normativa de protección de datos, cuya aplicación requiere de un uso competencial concreto por cada Administración Pública, no existiendo en la actualidad ninguna que pueda arrogarse las competencias de las otras. Es decir, la publicación por parte de una Administración de las notificaciones recibidas por el resto requeriría, como mínimo, un nivel convenial no alcanzado en la actualidad, dado que, tal y como apuntaba la STC 55/2018, no está contemplado normativamente la creación de un Punto de Acceso General a todas las Administraciones (FJ10).

Dicho esto, también hay que mencionar la parte positiva, dado que dicha Agenda se acuerda de los jurídicos y en su apartado 23 relativo a la MEJORA DEL MARCO REGULATORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL, en el que recuerda que “el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, reforzará el marco normativo definido por las citadas leyes“. Es un buen comienzo, pero nos hace falta concreción ya que, por ahora, sólo se regula la demora de la entrada en vigor de la administración electrónica mediante modificaciones de la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015.

En este punto es donde debemos recordar que los juristas no somos el impedimento de las aspiraciones colectivas pero no se nos puede solicitar que generemos una ilusión que no está regulada. Por este motivo, el Real Decreto 36/2020 puede ser el primer elemento que ayude a distribuir los fondos para conseguir esos objetivos pero no debe olvidarse desarrollar paralelamente la normativa que nos haga conseguir de forma ordenada y coordinada la ansiada trasformación digital del Sector Público.

E-Administración y su fecha: ¿volvemos a octubre de 2020?

Escribo otra vez, no sin cierta pesadez, con la temática relativa a la fecha en que entrará en vigor definitivamente la e-administración y que con tanta modificación normativa va dejando un cierto agotamiento y malestar por la sensación de desconocimiento del sector e improvisación constante. Haciendo un breve repaso recordaremos cómo la fecha inicial establecida por la Ley 39/2015 fue el 2 de octubre del año 2018, en el que el horizonte de 3 años desde la aprobación de la Ley parecía lejano y plausible, en una sensación de avance vertiginoso de las tecnologías sin parangón, desinflando dicha alegría el mero paso del tiempo y el control real de los avances. Ante esa nueva realidad tuvo que ampliarse deprisa y corriendo el plazo por el Decreto-ley 11/2018, estirándolo hasta 2 de octubre del año 2020. Pero hete aquí que más allá de la desastrosa pandemia que vivimos los plazos son los que son y tampoco llegamos a los objetivos tecnológicos-organizativos-operativos marcados, por tanto, todos sabíamos que debían extenderse los plazos, pudiendo haberse aprobado una norma con rango de ley que ampliase los plazos de ese 2 de octubre de 2020, incluyendo un plazo convincente, real y alcanzable por todos .

Pero no, la solución vino por esa norma publicada con el verano, un Real Decreto-ley 27/2020 dedicado a medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicable a las entidades locales (que nada tiene que ver con la e-administración) y con una forma de norma de Real Decreto Ley, es decir que tal y como indica el art. 86 de la Const. esos instrumentos jurídicos deben utilizarse solo en “caso de extraordinaria y urgente necesidad“, estirándose los plazos, con cierta nocturnidad, hasta el 2 de abril de 2021. Circunstancias de la vida, el Congreso de los Diputados en su reciente sesión del 10 de septiembre ha derogado dicho Real Decreto Ley. Se puede pensar que SSª no están pensando en sus prioridades en que la no ratificación del mismo tendría estas consecuencias en la e-administración, pero la realidad es que a día de hoy no tenemos norma que sustente la extensión del plazo hasta el 2 de abril del 2021.

Ahora es cuando pueden realizarse las apuestas ¿Se aprobará una norma con rango de Ley que extienda los plazos? El 2 de octubre está a la vuelta de la esquina, pero no nos preocupemos que seguramente tendremos más post (este creo que es el cuarto…) para comentar cuándo realmente entrará total y definitivamente en vigor la e-administración.

Re-nuevo plazo de la e-administración

Qué mejor que agosto, una norma como un Real Decreto Ley en vez de una ley y qué mejor que introducir una Disposición Final sexta en un texto relativo a medidas financieras urgentes aplicables a las entidades locales, para que pase totalmente desapercibida una nueva moratoria en la aplicación de la administración electrónica. A estas alturas pocas cosas sorprenden, aunque tiene cierto tufo de nocturnidad este tipo de aprobaciones, debemos darnos por enterados y para conocimiento general saber que la Disposición Final Sexta del Real Decreto-ley 27/2020, dedicado a las medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales ha ampliado el periodo de in-aplicación de la e-administración hasta el día 2 de abril de 2021: ¿será la última? ¿se aprovechará para aprobar los desarrollos reglamentarios y las Normas técnicas que faltan?

La excusa del retraso se fundamenta en el COVID-19, -que sea dicho de paso ha sido uno de los grandes motores de la digitalización forzada de administraciones y particulares-, manifestando la exposición de motivos que “el riesgo manifiesto desde el punto de vista técnico-organizativo de no concluir a 2 de octubre de 2020 los procesos de adaptación, imposibilidad que puede afectar no solo al ejercicio de los derechos de los interesados sino a la interoperabilidad del funcionamiento de todas las administraciones públicas” ha sido el que ha llevado al nuevo aplazamiento.

Seamos positivos y pensemos que alcanzaremos la plenitud en un breve período, y sobre todo, que para el 2 de abril de 2021 los mas de once mil ochocientos sujetos obligados a implementar este sistema tecnológico serán plenamente interoperables.