Que la Administración Electrónica ha venido para quedarse se convierte en una afirmación incontestable, dado que nuestro estilo de vida no puede imaginarse sin una relación intima con los medios tecnológicos. Pero más allá de esa aseveración, se plantean cuestiones relacionadas con el cuándo y el cómo. Hasta la fecha teníamos una respuesta más o menos acertada, contemplando como fecha y contenido del armagedon administrativo el día 2 de octubre de 2018. Su mera mención hacía temblar a cualquiera que conociese las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de su entrada en vigor.

Hoy BOE, tal y como anunciaba Moncloa la semana pasada, ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2018  en el que disimuladamente introduce en su Artículo sexto una modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modificando la disposición final séptima de la misma respecto a la entrada en vigor:
«La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial
del Estado”.
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos,
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán
efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.»

Retrasamos el armagedon y el respiro nos tranquiliza pero ¿sabemos realmente en que situación estamos tanto la ciudadanía como la Administración? En este aspecto debe repasarse con esmero los 5 elementos que todavía no son exigibles, pero ¿y el resto?¿cómo se aplica una administración electrónica a trozos?¿es exigible la notificación electrónica sin un registro electrónico?¿y la interoperabilidad sin un registro de apoderamientos?

Los avances son importantes, pero más si van acompañados de la correspondiente norma que paute la pertinente consecuencia jurídica. Seguiremos disfrutando durante estos dos años de prórroga de los apasionados debates jurídicos que puede generar esta situación.