La confusa entrada en vigor de la Administración Electrónica

Tal y como comentaba en un post anterior la regulación de la Administración Electrónica contemplada desde la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, ofrece grandes lineas de debate dado que ambas normas son, en la práctica, la cúspide de todo el sistema de Derecho Administrativo.

Superado el sopor que genera ésta rama del Derecho, sobre todo en los estudiantes, provocado por desconocimiento así como por la recepción de explicaciones vaporosas y lejanas a las vivencias de un ciudadano medio, su análisis y estudio te adentra en un mundo de gestión, relación y control tan apasionante como el regulado por el ámbito privado, siendo especialmente riguroso en cuanto a la forma de entablar relaciones jurídicas en contraposición a la libertad del Sector privado.

Esta profusa regulación piramidal, jerárquica y competencial que alcanza todos los ámbitos del Sector Público, genera que cualquier redacción normativa se encuentre sometida a la mayor de las críticas y debates, dado que al ser tan complejo el entramado normativo e institucional siempre es fácil que alguna de sus piezas desencaje o al menos, no sea tan armoniosa como la melodía debiera sonar.

Algo de esto le ha debido ocurrir a la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015 que posiblemente con la mejor de las intenciones, ha generado un revuelo en los comentaristas de la Administración Electrónica. La Disposición mencionada comienza indicando que “la presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, aspecto muy razonable, dado que intentar una implantación y gestión en un plazo inferior hubiese sido una inconsciencia. Por tanto, la lógica nos indica que a fecha 2 de octubre de 2016 debiera implementarse todo lo indicado en la Ley. Pero la Disposición Final antedicha continúa y añade que, “no obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley”. Parece un planteamiento igualmente razonable: debiera contarse dos años desde la entrada en vigor, como un aterrizaje suave, para que estos elementos produzcan efectos, siendo la fecha última el 2 de octubre de 2018.

Poco se puede añadir, nada más que parabienes, dado que por una vez el legislador parece razonable con la Administración y los ciudadanos, pero según se lee la Ley 39/2015 asaltan dudas colaterales. Si la regulación de dichos elementos no producen efectos hasta el 2018 ¿no será dicha fecha el término efectivo de implantación de todos los aspectos electrónicos de la Ley? Es más, ¿Es posible generar un sistema de interoperabilidad entre Administraciones si uno de los elementos esenciales, como es el Registro electrónico, no es efectivo ni operativo? ¿Es posible generar copias auténticas en todas sus modalidades si no existe el registro de funcionarios habilitados? ¿Es posible notificar electrónicamente a Abogados, Procuradores o personas jurídicas si no existe el Registro de Apoderamientos?

En mi modesta opinión lo considero complicado, evidentemente no imposible, pero sí me genera la sensación de ser una legislación que sólo podrá considerarse aplicable el 2 de octubre de 2018. Hasta entonces debatiremos sobre el alcance de la tecnología y de los límites jurídicos, pero sin poder afirmar que la Administración es obligatoriamente 100% electrónica.

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